En su arrollador afán antiinmigrante, el presidente Trump está a punto de convertir una protección temporal para alcanzar el ‘sueño americano’, en una pesadilla permanente para millones de migrantes vulnerables.
Por Elizabeth Mora-Mass y Miguel Álvaro Sarmiento
EE.UU. – A través de su historia, los países del continente americano en general, los Estados Unidos en particular, han servido de santuario y de refugio, para migrantes de todos los rincones del mundo.
Lamentablemente hoy encontramos, en el presidente actual y el movimiento que él lidera, que el país de los inmigrantes le cierra sus puertas a los más vulnerables y levanta un muro que refleja odio y fobia, a todo lo que sea extranjero. El sentimiento nacionalista ha reemplazado al globalista en la tierra de la oportunidad y la libertad para los inmigrantes oprimidos y desesperados.
No hay duda que el presidente Donald Trump no puede esconder el desdén que siente contra la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, en particular, contra la indocumentada.
Como dice la canción de moda, veamos “Despacito” lo que está pasando en el gobierno de Trump con los inmigrantes. Empecemos por el Departamento de Estado.
Esta semana su Secretario de Estado, Rex Tillerson, anunció que no renovará el Estado de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, a miles de ciudadanos nicaragüenses y apenas ayer, notificó a la comunidad haitiana que tampoco les renovará su estado de protección a más de 50,000 de ellos.
Estas comunidades han sentado raíces en el país y tienen miles de hijos nacidos en los Estados Unidos que ahora enfrenta una inminente deportación.
¿Qué es el TPS?
En 1990, el Congreso de EE.UU. estableció el TPS. Por medio de esta acción legislativa, el Fiscal General de la Nación puede ofrecer un Estado de Protección Temporal a inmigrantes en los Estados Unidos que no puedan regresar a sus países por razones de seguridad personal debido a un actual conflicto, a un desastre natural, o cualquier otra condición extraordinaria o condición pasajera.
El Primero de Marzo del 2003, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por sus siglas en inglés) pasó a ser parte del recién creado Departamento de Seguridad nacional, bajo el cual recae la autoridad para darle a un país el Estado de Protección Temporal.
O sea, el TPS es una visa humanitaria que ofrece refugio, santuario a personas de áreas afectadas por condiciones ajenas a los propios migrantes.
Los inmigrantes nicaragüenses que están protegidos bajo el TPS, han vivido en los Estados Unidos desde fines de la decada del 90, los haitianos desde hace un lustro. Este estado migratorio que les permite trabajar y vivir en el país legalmente posiblemente llegará a su fin a partir del 5 de enero del 2019, por orden del presidente Trump.
Tras casi dos décadas, miles de nicaragüenses tendrán que escoger entre quedarse en la clandestinidad para no romper la familia en los Estados Unidos o regresar a un país en el que muchos serán extranjeros en su propia tierra y otros son ciudadanos nacidos en los Estados Unidos que se verán forzados a salir con sus padres para poder mantener la unidad familiar.
Discriminación Sistemática
Desde su controversial llegada a la Casa Blanca Trump ha ido estableciendo una red de trabajo que sistemáticamente se ha dado a la tarea de perseguir, acosar y descartar a las minorías en general, a los latinos en particular sin importar su estado migratorio. En este caso, arremete contra uno de los grupos más vulnerables.
A pesar que el proyecto del muro no ha progresado al paso que él prometiera durante su controvertida campaña electoral, Trump ya ha tenido un impacto negativo sobre la suerte de casi un millón de soñadores que buscan protección bajo el proyecto de ley Dream Act; y, sobre cientos de miles de los protegidos bajo las órdenes ejecutivas DACA y DAPA o “Acción Diferida para el Arribo de Menores” y “Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Legales de los Estados Unidos”, emitidas por el expresidente Obama. Su fin, entre otros, es proteger el estado migratorio de estos grupos y mantener a las familias unidas.
Para anular el legado de Obama, Trump tiene al propio Tillerson amenazando la suerte que pueden correr más 320 mil centroamericanos, haitianos e inmigrantes de otros países que desde hace décadas viven bajo la protección del TPS en tierras del Tío Sam.
Hace unos días, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, bajo el cual se encuentra el Departamento de Inmigración y Naturalización (INS), anunció que a 5.300 nicaragüenses que llegaron en 1998, debido al huracán Mitch y la inestabilidad política y social de ese país, no les será renovado el TPS. Su Estado de Protección Temporal vence el 05 de enero del 2019.
La Deportación de Inmigrantes: Un Arma de Doble Filo
¡Qué gran equivocación la del gobierno de Trump con respecto a Centroamérica! Si bien el problema que hay dentro del territorio estadounidense con las Maras centroamericanas es de cuidado en este momento, el mismo simplemente se convertirá en uno colosal si se cancelan las visas de protección temporal.
Según el centro de estudios del Instituto de Política Migratoria, en el año fiscal 2016, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) interceptó en la frontera entre los Estados Unidos y México, a cerca de 46.900 niños que viajaban solos y a más de 70.400 unidades familiares provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Ya hay en la frontera más de 15 mil menores detenidos y una vez se cancelen las visas de protección temporal y se empiece a repatriar a los cientos de miles de inmigrantes a sus países de origen después de haber vivido décadas en los Estados Unidos, el problema no se subsana, se multiplica muchas veces.
Estos millones de desplazados que viven y trabajan en los Estados Unidos, sin importar su estado migratorio, religiosamente giran remesas de dinero a sus respectivos países. Esto tiene un doble efecto positivo. Uno interno y otro externo.
Sin Remesas no hay paraíso y sin trabajadores no hay pago de Impuestos
El problema no es simple ya que no solamente involucra el desplazo inicial de millones de centroamericanos debido a políticas erradas y corrupción de los propios gobiernos del área, sino que también tiene que ver con las políticas de libre comercio, de guerra contra las drogas y de desestabilización de gobiernos con los que no simpatiza el Tío Sam.
Estas políticas, combinadas, han resultado en el desplazo de más de tres millones de centroamericanos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y en la muerte de cientos miles de ellos durante su arriesgado viaje al norte.
De hecho, según el centro de estudios MPI entre 1980 al 2015, la población de inmigrantes centroamericanos se multiplicó por diez.
Esta oleada de desplazados se ha convertido en el primer renglón de ingresos para los países Centroamericanos que a su vez es la política de ayuda externa más directa y efectiva que pueda tener el gobierno norteamericano ya que sin los dineros que envían los nacionales que trabajan y luchan en los Estados Unidos para sostener a sus familias en el Salvador, Honduras, Guatemala y en alguna medida Nicaragua y Haití, la economía de estos países se vería en serias dificultades y los Estados Unidos se verían en la incómoda posición de interferir, una vez más, en los asuntos internos de esa zona, manteniendo el círculo vicioso que ha sido norma y no excepción.
Asimismo, estos millones de migrantes por medio de su trabajo, no solamente generan ingresos para sus países de origen por medio de remesas, sino que contribuyen al fisco y programas de retiro de los estadounidenses y de los gobiernos estatales y locales.
A los millones de inmigrantes que tienen permiso de trabajo, la mayoría de sus empleadores, en cada cheque de pago, les retiene en la fuente el porcentaje que dicta la tabla que exige el Departamento de Impuestos – IRS por sus siglas en inglés – Así por cada inmigrante legal o indocumentado que se deporta, el fisco del Tío Sam obtiene, además de mano de obra barata, un beneficio monetario más para sus arcas para ayudar a sostener el retiro y la salud de sus ciudadanos ya que el inmigrante deportado no tiene derecho a reclamar los beneficios por los que trabajó.
El Efecto Bumerán
De llegar a darse la deportación en masa de los cientos de miles de migrantes que hoy se encuentran protegidos por el TPS, la desestabilización social, política y económica en sus países de origen será total. Pandillas como la MS13 aumentarán su red de influencia en el tráfico de drogas, trata de blancas y tráfico humano en la región.
Si hoy hay violencia y los funcionarios estadounidenses se quejan del poder que están adquiriendo estas bandas criminales en sus países, el problema no se aminora con la deportación en masa, sino, como lo ha demostrado la experiencia de las deportaciones de migrantes de pandilleros de El Salvador y de Honduras, se agrava.
En abril del 2016, la misma DEA hablaba de los súper-carteles que se baten con la ley y comienzan a controlar el tráfico de drogas en la región.
La nueva política de Trump hará realidad el sueño de la Mara Salvatrucha: Tener el poder total del país y ser el primer cartel de la tierra con representantes en más de cien estados soberanos.
En los Estados Unidos la situación no será mejor ya que indocumentados y sin mejores perspectivas, los jóvenes buscarán la protección y el refugio que les niega el estado, en las pandillas.
Estaremos entonces, repitiendo la situación que ya vivió Centroamérica en los años 80, que trajo consecuencias nefastas. Dicha situación produjo la creación de la pandilla MS13 en los Ángeles.
La política desestabilizadora que hoy impone Trump solamente complicará más la cosas y muy posiblemente resulte en la confirmación del poder de la Mara Salvatrucha y sus satélites en los países centroamericanos afectados.
Paises bajo protección TPS:
• El Salvador
• Haití
• Honduras
• Nepal
• Nicaragua
• Somalia
• Sudan
• Sudan del Sur
• Siria
• Yemen
Breve y Triste Historia de las Intervenciones de EE.UU. en América Central desde 1980 hasta la fecha:
1980: Una Junta Militar de extrema derecha, con el apoyo del gobierno de Ronald Reagan de los Estados Unidos, se toma el poder en El Salvador. Empieza una guerra civil que duraría hasta 1992. Durante ese período los Estados Unidos, según el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, gastó más de 6 mil millones de dólares en ayuda al gobierno represivo de El Salvador.
Nacen los Escuadrones de la Muerte.
Terroristas de la extrema derecha, asesinan al arzobispo Romero mientras daba misa.
Entre un período de tres años caen asesinadas más de 35.000 personas, entre ellas cuatro monjas estadounidenses que además fueron violadas. A raíz de esto, el gobierno de Reagan suspende la ayuda militar por Un Mes.
Los Estados Unidos inyectan $100 millones de dólares en ayuda a las fuerzas militares de Honduras a la vez que apoya a los Contras en territorio hondureño. Los Escuadrones de la Muerte viven a sus anchas en Honduras, y los Contras se convierten en un estado dentro del estado.
1981: La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos organiza a los Contras en Nicaragua y les ayuda a crear una columna de 12.000 hombres, a la vez que el gobierno estadounidense ejecuta un programa de embargo económico presionando al FMI – Fondo Monetario Internacional – y al Banco Mundial para negar y detener préstamos a Nicaragua
En un accidente aéreo muere el General panameño Omar Torrijos quien sostenía relaciones amistosas con Cuba. Se sospecha que la CIA tuvo que ver con la muerte prematura de este carismático líder nacionalista.
1982: Un golpe de estado ejecutado por militares de derecha, con el visto bueno del gobierno de Reagan, pone al general Efraín Ríos Montt en el poder en Guatemala. El gobierno de los Estados Unidos aumenta su ayuda económica y militar a Guatemala. Ríos Montt arremete contra la contrainsurgencia.
1983: Nuevo golpe de estado en Guatemala. El nuevo líder derechista, Oscar Mejía Víctores, quien tuvo el visto bueno del gobierno estadounidense, recibió su educación y entrenamiento militar en los Estados Unidos.
El Congreso de los Estados Unidos aprueba la Enmienda Boland que le prohíbe a la CIA y al Departamento de Defensa gastar dinero para deponer al gobierno Sandinista de Nicaragua; ley que el régimen de Reagan viola a con impunidad.
1984: La CIA coloca explosivos en tres puertos de Nicaragua. El gobierno nicaragüense lleva el caso ante la Corte Internacional Justicia que falla a su favor que conlleva un pago de 18 mil millones contra el gobierno de Reagan. El gobierno estadounidense se niega a reconocer el fallo y la jurisdicción de la Corte en el caso.
1989: El gobierno de los Estados Unidos invade a Panamá para deshacerse de su ex-aliado en la CIA y hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega. Esta acción marca el cambio de táctica de excusa para tomar acción militar en la región y pasa de usar al Comunismo como disculpa a utilizar el narcotráfico como excusa.
2009: La extrema derecha de Honduras, con el visto Bueno de los Estados unidos a través de su entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton, derroca al presidente Manuel Zelaya, elegido democráticamente por voto popular. Esta acción agudizó la desestabilización que sigue afectando al país y que causara el desplazamiento en el tren denominado “La Bestia” de cientos de miles de menores solos a los Estados Unidos. Una vez allí la misma Clinton y el gobierno actual sostienen que hay que regresar a los menores a su país de origen a pesar de haber sido USA el causante de su desplazo.
Lastimosamente, la tradición de abrigar y acoger a las masas de inmigrantes desesperados y ansiosos de libertad ha dado paso a una cultura nacionalista, aisladora y temerosa de el extranjero. Una vez la tormenta Trump pase, los Estados Unidos debe hacer un acto de contrición social y volver a ser parte de la comunidad que nos hace a todos hermanos en esta minúscula Villa Global que es apenas un punto minúsculo en el universo.